Colombia necesita producir más gas


José Hilario López Agudelo


Entre el 5 y el 17 del corriente mes de abril, Naturgas celebró en Cartagena su Congreso 2026 con la presencia de líderes del sector energético, donde se discutió el papel del gas natural en la transición y seguridad energética de Colombia. El evento destacó la urgente necesidad de fortalecer la infraestructura de importación de gas natural licuado (GNL), así como la de agilizar el desarrollo del proyecto costa afuera (offshore) Sirius.
Debido a la caída en la producción nacional, para cubrir la demanda interna Colombia ha incrementado sus importaciones de GNL las cuales en 2025 totalizaron cerca del 20% del consumo nacional. Se estima que este porcentaje aumente al 25% o más hacia finales del presenta año y, de no mejorar la producción nacional, podría llegar hasta el 56% para 2029. Los precios del gas en 2025 para la industria subieron un 69% y un 23% para los hogares. En un escenario optimista se espera que el gas del proyecto Sirus sólo podría entrar en operación comercial en 2030.
En el seno del mismo Congreso de Naturgas, Noticias Caracol coordinó un encuentro titulado «Colombia decide su energía», que contó con la participación de cuatro candidatos presidenciales quienes analizaron el futuro del gas natural y la transición energética en que está empeñado el país. Al encuentro asistieron los candidatos Roy Barreras, Sergio Fajardo, Claudia López y Paloma Valencia.
Entre los temas tratados por los candidatos asistentes al referido encuentro, quisiera destacar su coincidencia en impulsar la producción de gas natural mediante la técnica del fracking (fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, también conocidos como gas de esquisto). Los candidatos asistentes, excepto la señora Valencia, estuvieron de acuerdo en que el fracking en Colombia requiere investigaciones previas mediante los llamados pozos piloto, en especial por el riesgo de contaminación de los acuíferos durante la perforación y operación de los pozos productivos. Pareciera que el Gobierno Petro, quien suspendió los pozos piloto, le temiera a los resultados de la investigación por miedo a que indicaran que el fracking se puede adelantar sin riesgo en un determinado campo potencialmente productor, y que la candidata Velencia temiera que los mismos pozos indicaran lo contrario.
Aunque en Colombia no existe una ley en firme que prohíba definitivamente el fracking, el Senado de la República ha aprobado proyectos de ley «antifracking» (como el Proyecto de Ley 114 de 2022), estas iniciativas han enfrentado dificultades para completar su trámite en la Cámara de Representantes. En 2025 el gobierno actual radicó nuevos proyectos con mensaje de urgencia, para buscar la prohibición del fracking, sin que todavía haya logrado su propósito. Mientras el Gobierno Petro busca prohibir el fracking en Colombia, Ecopetrol, nuestra estatal petrolera, depende cada vez más de la operación mediante fracking en la cuenca del Permian, en Texas (Estados Unidos).
En mi opinión persiste el riesgo de que durante lo que queda del actual o en el próximo gobierno se imponga el antifracking, razón por la cual es oportuno seguir profundizando sobre este importante asunto, clave para una transición energética sustentable en nuestro país.
Con este propósito, por ahora me apoyaré en un estudio de La Universidad Nacional de Colombia (Unal), comentado por el autor de estas líneas en una columna publicada el 21 de agosto de 2022 en el blog Juanpaz, titulado Fracking, una visión desde la academia Fracking, una visión desde la academia –
Desde mediados del siglo pasado la industria petrolera ha utilizado la técnica del fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos convencionales de petróleo. Con el propósito de aumentar sus reservas, desde hace unas dos décadas varios países empezaron a explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo (YNC) mediante fracking. Estados Unidos es el país que más ha utilizado esta técnica, lo que le ha permitido no sólo superar la dependencia de petróleo importado, sino llegar a ser el mayor exportador mundial de hidrocarburos (petróleo crudo y gas).
El desbordado afán de algunos países por lograr la autosuficiencia energética, en sus comienzos condujo a la masificación del fracking, sin una suficiente previa evaluación de los riesgos que esta práctica conlleva para el entorno natural y las comunidades. Esta situación se presentó principalmente en Estados Unidos, donde el subsuelo es propiedad privada, lo que facilitó a muchos pequeños propietarios del suelo participar en el negocio, con poco control por parte de las autoridades ambientales. Esta eventualidad no debería llegar a darse en Colombia, donde la propiedad del subsuelo es del Estado y donde, para la implementación de esta técnica se ha venido trabajando en una reglamentación con altos estándares, la cual es susceptible de ser mejorada.
El debate sobre la conveniencia o inconveniencias del fracking en el mundo se centra en las eventuales afectaciones a los ecosistemas y entornos socioeconómicos, relacionados con: recursos hídricos, calentamiento global, ocupación del territorio, salud humana y transición energética. Por ahora, me limitaré a las afectaciones a las aguas, tanto superficiales como subterráneas, el recurso que origina el conflicto más sensible con las comunidades.
Entre las afectaciones que el fracking puede generar a las aguas, se consideran: la sobre explotación del recurso (el fracking demanda gran cantidad de agua), así como la contaminación de los acuíferos y de las aguas superficiales con los químicos, que requiere la explotación del hidrocarburo.
De acuerdo con experiencias internacionales, es evidente que, aunque los riesgos asociados al fracking y a sus actividades conexas se pueden presentar en cualquier proyecto de este tipo, independientemente de la zona geográfica donde esté localizado, la valoración de tales riesgos se debe hacer para cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios involucrados. En otras palabras, el fracking no se debe considerar como una técnica inmutable que inexorablemente causará los mismos impactos, independiente del territorio donde se lleve a cabo y de la escala de intervención que se considere. De ahí de ahí la necesidad de los pozos piloto.
El primer proyecto piloto de fracking en Colombia autorizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a Ecopetrol, denominado Proyecto de Investigación Kale, se localiza en las vecindades de Puerto Wilches, en un entorno geológico e hidrogeológico bien conocido por parte de petrolera nacional, donde se han perforado números pozos para la exploración y explotación de petróleo convencional, lo que significa experiencia en el manejo de los impactos a los recursos hídricos. El Proyecto Kale, hay que recalcarlo, es un experimento, que sólo busca conocer si existe gas atrapado en la Formación La Luna, la roca generadora del petróleo en el Magdalena Medio y si es posible extraerlo económicamente sin mayores afectaciones a los recursos hídricos y bióticos del territorio. Prohibir el proyecto piloto Kale equivale, ni más ni menos, a condenar la investigación en Colombia y, sobre todo a rechazar la posibilidad de llegar a alcanzar la soberanía nacional de gas natural, el energético esencial para la transición hacia las energías renovables no convencionales, en que está empeñado el Gobierno Nacional.
La explotación de gas de YNC mediante la técnica del fracking, desde el punto de vista económico, presupuestal y social es beneficiosa para los intereses del país, pues se trata del aprovechamiento del gran potencial geológico representado en gruesos paquetes de rocas sedimentarias, hasta hace poco tiempo, sólo considerados como rocas generadoras de petróleo crudo. Como lo anoté atrás, la zona de Puerto Wilches es ideal para empezar a materializar el ambicioso proyecto.
La situación del gas natural en Colombia, como ya lo anoté, acusa un déficit estructural y creciente dependencia de importaciones, con una caída significativa de la producción nacional y de las reservas, lo que ha disparado los precios y agudizado la vulnerabilidad energética del país. Desde finales de 2024, el país dejó de ser autosuficiente en la oferta de gas natural, obligando a importar, afectando hogares, industria y transporte, con proyecciones que advierten sobre una crisis más profunda si no se invierte urgentemente en nuevos proyectos exploratorios y de infraestructura de transporte. La logística de la importación del gas sumada a la guerra de Irán aumenta la presión sobre su precio, es así como el combustible faltante que, por ahora, solo llega a Cartagena genera un sobrecosto del 40% que impacta la tarifa del gas natural vehicular, el que usa la industria y el que consumen los hogares. De darse un nuevo fenómeno Niño a finales del corriente año, este sobrecosto tendrá que asumirlo la generación termoeléctrica, lo que aceleraría la inflación y el crecimiento económico del país. A lo hay que agregar que, sin gas natural suficiente para atender las demandas de combustible, volveríamos al carbón y a la leña, lo que retrasaría la transición energética y aumentaría los riesgos climáticos en nuestro país.
Amagá (Antioquia), 25 de abril de 2026.

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Carros locos

Por Ramón Alberto Mejía B.


Ante la cantidad impresionante de vehículos
que circulan por nuestras ciudades, cada día crece y
avanza el caos, en relación con la desorganización
del tránsito, trancones permanentes, pérdida
considerable de tiempo, desorden emocional,
psíquico, ambiental, mecánico y vehicular. Velocidades
excesivas, aterradoras y desconsideradas, choques,
accidentes, reclamaciones injustas o verdaderas,
atropellos, es el maremágnum, a cualquier hora y en
cualquier sitio.
Semáforos dañados, conductores de genio
infernal, vulgar y satánico. Vehículos en pésimas
condiciones de presentación y muchos con
desperfectos y fallas mecánicas de consideración,
ruido ensordecedor y estremecedor. Contaminación
ambiental permanente, alarmante y perturbadora por
la expedición de gases tóxicos producidos por
gasolina, aceite, lubricantes y demás combustibles
necesarios para el funcionamiento automotor, pero
dañinos para la salud.
Tacos, angustia, desesperación, es el
resultado de vivir en nuestras grandes urbes,
atestadas de carros locos y chocones, en todas las
direcciones ya toda hora y lugar, produciendo crisis y
caos por el desorden, la mala educación tanto de
conductores como de peatones. Las normas y señales
de tránsito son para cumplirlas y hacerlas respetar.
Pasarse un semáforo en rojo, puede que en
determinado momento nadie se de cuenta.
Como también dicha contravención puede
causar una tragedia espantosa, de pérdidas
incalculables e inmerecidas por la imprudencia,
desobediencia y falta de cultura frente a las normas
trazadas y definidas de respeto, acato, decisión, que
se deben conservar, mantener y recomendar
permanentemente para evitar absurdos e innecesarios
accidentes, tragedias, trancones y pérdidas de vidas
valiosas e irrecuperables y útiles.

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La violencia laboral como consecuencia estructural

Por Tedy Rivadeneira S.

A pesar de hallarnos próximos a completar el primer cuarto del siglo XXI, persisten en el mundo diversas formas de abuso y explotación laboral. Estas prácticas no son exclusivas de los países en desarrollo; incluso en naciones industrializadas, como algunos Estados europeos o Estados Unidos, se registran casos en los que a personas migrantes se les retiene la documentación con el fin de someterlas a condiciones laborales abusivas, caracterizadas por jornadas extenuantes, salarios irrisorios y pagos retrasados (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2022a).

En América Latina también se evidencian graves vulneraciones de los derechos laborales. Un ejemplo emblemático es el caso de la empresa Furukawa, en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Tsáchilas, considerado por diversos organismos como una manifestación de esclavitud moderna (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2021).

Cuando una organización legítima ignora las dinámicas de superioridad, se abren las puertas a múltiples formas de violencia laboral: acoso moral (mobbing), discriminación, explotación, menosprecio e incluso aislamiento. Estas manifestaciones no siempre son visibles ni denunciables, lo que las convierte en amenazas silenciosas, pero profundamente dañinas. El subordinado, atrapado en una relación de dependencia económica, emocional o simbólica, suele sentirse impotente para resistir o cuestionar tales prácticas, asumiendo la violencia como parte inevitable —o incluso merecida— del trabajo.

Einarsen, Hoel y Notelaers (2009) argumentan que el acoso laboral se fundamenta en relaciones de poder asimétricas, donde la víctima percibe una imposibilidad real o simbólica de defenderse. Estudios realizados en Europa indican que el 14% de los trabajadores ha experimentado violencia psicológica en el último año, y que los entornos autoritarios son un predictor significativo de estas experiencias (Eurofound, 2021).

En América Latina, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó en 2022 que el 19% de los trabajadores ha sido víctima de acoso laboral, siendo especialmente vulnerables las mujeres, los jóvenes y las personas LGBTI+. Estos datos evidencian cómo la lógica de superioridad no actúa de forma aislada, sino que se entrelaza con sistemas más amplios de discriminación estructural, como el sexismo, el adultocentrismo y la homofobia.

Un estudio de caso en una institución pública de Colombia (Hernández & Peñaranda, 2020) mostró cómo la figura del jefe autoritario, legitimado culturalmente, dio lugar a un patrón sostenido de hostigamiento sutil, pero constante. Esta situación afectó de manera significativa la salud mental de los trabajadores, sin que existieran mecanismos efectivos para su protección ni protocolos institucionales de prevención o de sanción.

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A los indecisos: a inclinar la balanza por Paloma

Solo nos queda el recurso del voto de los indecisos; el de colombianos que aún no han tomado partido y pueden definir la próxima elección presidencial.

24 de abril de 2026

Por Johel Moreno S. – opinion@elcolombiano.com.co

¿Será que Colombia, como lo afirmó el Dr. Gaona, está ad-portas de elegir el próximo 31 de mayo el último presidente con el heredero de Petro: Iván Cepeda, para continuar la transición hacia un modelo totalitarista, igual al de países que hoy están en ruina como Cuba, Venezuela, Nicaragua? No hubo asaltos al gobierno de turno con tanquetas y fusiles, sino que por la vía democrática se hicieron al poder con promesas imposibles de cumplir y una vez montados en él, expidieron decretos populistas, tal como se inició aquí en el 22 y cuyo objetivo no es otro que el de imponer una ideología comunista.

Haber entregado en la antesala electoral “y a dedo”, 80.734 contratos por valor de $31 billones a Cabildos, Resguardos y Juntas Comunales; no solo fue una violación a los principios de transparencia que obliga la ley 80/93, la Ley de Contratación Estatal, sino un acto de corrupción para comprar votos.

Y los resultados están a la vista, pues del total de votos logrados por el Pacto Histórico el pasado 8 de marzo: 4.413.636, 2.295.156 corresponden en buena parte a municipios donde la MOE identificó como zonas peligrosas de alto riesgo. Preocupante que se repita la dosis en las presidenciales de la primera vuelta del 31 de mayo.

Una izquierda que se hizo al poder por las vías democráticas, ahora quiere perpetuarse utilizando todas las formas de lucha para atornillarse a él, destinando recursos públicos del presupuesto para la compra de votos y conciencias, e intentar imponernos un modelo de gobierno estatista que ha fracasado en todo el mundo. Una endeble democracia que retrocedió lo logrado con Uribe, cuando en mala hora, mediante el fatal acuerdo de la impunidad con la JEP, nos impuso el gobierno Santos y les regaló 10 curules en el Congreso a ese grupo criminal.

Un gobierno que ha irrespetado la separación de poderes y según lo afirmara el constitucionalista Mauricio Gaona: “la esencia de la separación de poderes es la de impedir el regreso a formas despóticas de gobierno como la tiranía y cuando eso no se respeta, la democracia está en riesgo y lo que sigue es una dictadura constitucional”.

Corremos entonces el riesgo de repetir la historia del 2022, cuando al llegar dividida, el voto de opinión facilitó el cuestionado triunfo de Petro; lo que sería un suicidio electoral porque, según las encuestas, Cepeda con una izquierda unida, ganaría con el 35%; no olvidar que vivimos en un país donde 20 millones de colombianos aptos para votar se abstienen de hacerlo, por aquello de que “no les gusta la política”; ignoran que es ella la que decide para todos.

Solo nos queda el recurso del voto de los indecisos, de quienes aún no cuentan en las encuestas de opinión que los sitúan entre el 25% y el 30%; el de los colombianos que aún no han tomado partido y pueden definir la próxima elección presidencial, sumándose a Paloma como la mejor opción y así contrarrestar y superar las redes clientelistas, la maquinaria política, particularmente en las zonas de alta pobreza y de baja presencia institucional.