La ética en la política se fortalecería si en el Estado existiera un verdadero interés de hacer confluir los nobles objetivos del servicio a la comunidad con los ideales y causas de quienes, a través de los partidos, creen lealmente en su misión de alcanzarlos.
Esta afirmación hunde sus raíces en el concepto de la antigua Grecia que revestía la política de moralidad, de ideal de servicio, de interés por el pueblo, de democracia.
Pero hoy son tantas las ambiciones, tantas las demostraciones de que al político le interesa tan poco el bien de la comunidad y aún la misma democracia, que su ética resulta filosofía espuria porque su mayor interés es estar al pie del presupuesto.
Y más aún cuando la falta de transparencia, la corrupción y la picardía se cuelan por todos los resquicios de los entes estatales, contagiando al sector privado que le retribuye regocijadamente a manera de soborno, e incitando a las personas a hacer uso de modos ilícitos para obtener lo que debería dárseles con rigor ético.
No se ve, pues, fácil el camino de recomponer el estado de cosas en que se encuentra sumida la política actual, empero, sí es necesario -aunque prestigiosos ex rectores de universidades consideren inocuo abrirle campo en su currículo-, insistir en el fomento y mantenimiento de la ética entre los servidores públicos.
Por ello, la cárcel para los corruptos de esta generación, el reforzamiento de los valores de quienes viven su rectitud, y la educación y formación prudencial de los futuros servidores, será el modo de acabar con la putrefacción de nuestra democracia.

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